LA UNIÓN CONVIVENCIAL

Análisis de sus principales características jurídicas en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino.
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Hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el concubinato en Argentina no poseía un marco regulatorio que le otorgase efectos legales de relevancia.  Solamente se le reconocían a los concubinos algunas prestaciones previsionales y se le otorgaban algunas ventajas, por ejemplo para adquirir créditos bancarios, a los que poseían el correspondiente certificado de convivencia o concubinato. En el ámbito de la seguridad social, se reconocía el derecho de pensión por fallecimiento al que tuviere la posibilidad de acreditar haber convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Dicho plazo se reducía a dos años cuando había hijos reconocidos por ambos convivientes.

El flamante ordenamiento jurídico, cuya entrada en vigencia aconteció el pasado 1º de Agosto, introduce importantes cambios respecto del concubinato y le otorga una serie de efectos legales que analizaré a continuación.

El nuevo código le dedica un título independiente a las “Uniones convivenciales”, el título III dentro del libro segundo “Relaciones de familia”, ocupando los artículos 509 al 528.

El artículo 509, define qué se entiende por unión convivencial con el fin de establecer el ámbito de aplicación de las normas que se disponen en esta sección.

Así, expresa que lo establecido en este título se aplicará a la “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.

Para que la unión convivencial tenga los efectos jurídicos que le otorga el nuevo código, el artículo 510 establece ciertos requisitos: los integrantes deben ser mayores de 18 años; no deben estar unidos por vínculos de parentesco de ningún grado en línea recta o en línea colateral hasta el segundo grado; no debe estéar registrada otra relación de convivencia de manera simultánea; y un mínimo de dos años de mantenimiento de este tipo de unión.

A los fines de probar la “unión convivencial”, se establece que su existencia, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado se podrán inscribir en el Registro Civil correspondiente al domicilio de quienes la integran. Pero no es necesario que esta nueva figura esté inscripta en ese Registro ni en ningún otro para que tenga efectos jurídicos, ya que si los convivientes optan por no realizar la mencionada inscripción, igualmente el Código admite cualquier otro medio probatorio, por lo que el trámite ante el correspondiente Registro solo vendría a aportar un poco más de publicidad al acto, sin invalidar a aquellos que obviaron este paso.

Asimismo, se prevé que no procederá una nueva inscripción sin la previa cancelación de una anterior, en caso de existir, y además se dispone que la registración de su existencia deba ser solicitada por ambos integrantes.

El nuevo código admite que se suscriban “Pactos de convivencia” entre los convivientes, los cuales deben ser efectuados por escrito y pueden regular, la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; la atribución del hogar común, en caso de ruptura; y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, entre otras cuestiones.

Los pactos pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos integrantes. Si cesa la convivencia, cesan los pactos suscriptos.

Estos pactos no pueden dejar sin efecto el deber de asistencia, el deber de contribuir ambos convivientes a los gastos domésticos del hogar, la solidaridad de los convivientes por las deudas contraídas por uno de ellos con terceros para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos.

Las relaciones patrimoniales entre los convivientes se rigen por lo acordado en los pactos de convivencia. A falta de éstos, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella.

Los convivientes tienen: el deber de asistencia durante la convivencia; la obligación de contribuir ambos a los gastos domésticos del hogar; son responsables por las deudas que cualquiera de ellos contraiga con terceros para solventar las necesidades del hogar y la educación de los hijos. Asimismo, la vivienda familiar queda protegida, ya que si la unión convivencial fue inscripta,  ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre ella, como tampoco de los muebles existentes en el hogar.

Se establece el deber que le cabe al conviviente para cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizando actos cotidianos relativos a su formación y adoptando decisiones antes situaciones de urgencia.

El art. 523 establece las causas por las que cesa esta unión convivencial, las que son: por muerte o por ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes; por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros; por mutuo acuerdo; por voluntad unilateral de alguno de los convivientes con notificación fehaciente al otro.

Una vez cesada la convivencia, al igual que para el divorcio, el código prevé la posibilidad de una compensación económica para el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y en su ruptura.

Estos apuntes sirven solamente como un primer acercamiento a este instituto que se ha instaurado a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código, toda vez que no agotan en absoluto su análisis profundo, pero que ponen en evidencia que esta flamante legislación ha adoptado decisiones importantes en el ámbito del derecho de familia a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. Siendo el concubinato un fenómeno social que se da cada vez con mayor frecuencia en Argentina, resultaba preciso la adopción de pautas para su regulación y así garantizar la igualdad de los convivientes, dándoles ciertos derechos y efectos jurídicos, buscando la protección de la familia y del proyecto familiar, para aquellas personas que toman la decisión de vivir bajo esta modalidad.

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